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Tendrán prioridad en el acceso a las redes de distribución eléctrica y en la adquisición por parte de las operadoras. Además, la administración las atenderá a través de una ventanilla única. Son las energías renovables en Andalucía, cuyo Gobierno autonómico ha iniciado la tramitación de una ley que, sostiene, es pionera en el conjunto del Estado. Las renovables están llamadas a cumplir un importante papel en el sistema energético andaluz, cuyo alto gasto sitíºa a la comunidad en una difícil situación tanto ambiental como económica. El gobierno andaluz parece haberlo entendido así y ya tramita una ley que regulará las energías renovables e impulsará medidas de ahorro y eficiencia energética.
La aportación de las renovables a la cobertura de la demanda de energía primaria en Andalucía creció un 12,9% entre los años 2000 y 2004. Durante este período se pasó de las 880,5 kilotoneladas equivalentes de petróleo a las 994,5, según datos de la Consejería de Innovación de la Junta andaluza. En términos de producción de energía eléctrica neta con fuentes renovables, el aumento fue de 1.068 gigawatios/hora (GWh) en 2000 a 2.220,7 en 2004, lo que supuso un 106,7% más.
La importancia de este emergente sector, en un contexto de crisis de los combustibles de origen fósil y de contaminación atmosférica a causa de la producción energética con esas mismas fuentes, ha llevado a las autoridades andaluzas a iniciar la tramitación de una ley exclusiva. El texto prevé dar prioridad a las energías renovables para su introducción en el mercado eléctrico, la creación de una ventanilla única, que se ocupe de tramitar la totalidad de los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones necesarias en relación con los proyectos, la elaboración de un mapa que dibuje las mejores zonas de la comunidad para cada tipo de renovable, y la reducción de plazos para la aprobación de proyectos.
El anteproyecto de ley también recoge medidas para la eficiencia y el ahorro energético con la creación de certificados para los grandes consumidores energéticos, e impele a las administraciones a adoptar medidas de ahorro dentro de sus competencias.
Fuente:
::Consejo de Gobierno andaluz
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