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Escrito por: Redaccion el 21 Ago, 2006 - 11:48 AM
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El Decreto aprobado en junio desliga las primas por venta a la red de la tarifa de referencia creando incertidumbre entre los inversionistas. La industria eólica y fotovoltaica y los productores de electricidad renovables de España están que arde. La causa: la aprobación el pasado mes de junio de un Decreto que desvincula el precio del kilowatio 'limpio' de la Tarifa Media de Referencia (TMR), el precio que paga el consumidor doméstico por la electricidad consumida.
Desde el año de 2004, las primas para la fotovoltaica, por ejemplo, se regulan en España calculando un porcentaje unas cinco veces mayor que esa TMR, unos incentivos garantizados durante varias décadas. Sin embargo, el Decreto del pasado mes de junio viene a quebrar esta estabilidad y seguridad retributiva introduciendo en este marco una discreccionalidad que hace temblar a los inversores.
Según indican la Asociación Eólica de España (AEE), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), los grupos más representativos del sector y que, por primera vez, se manifiestan juntos, el mercado de renovables español ya ha notado el cambio legislativo con la paralización de proyectos de inversión.
El sector de las renovables esperaba una reforma del Decreto de 2004 que incorporara las indicaciones contenidas en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 aprobado en agosto pasado. Sin embargo, se ha encontrado con un nuevo Decreto "dinamitero" [Real Decreto-Ley 7/2006] que amenaza con tirar al garete todas las previsiones de crecimiento de las renovables establecidos en ese nuevo plan.
El problema raíz posiblemente se encuentre en la presunta deuda que el Estado mantiene con las compañías eléctricas: éstas reclaman miles de millones en concepto de déficit tarifario (aseguran que venden más barata la electricidad de lo que les cuesta producirla). El Decreto de junio ha venido precisamente a abrir una puerta tarifaria que estaba cerrada por el límite que hasta ahora se imponía a la subida de la TMR anual, un 2%.
En consencuencia, el Ministerio de Industria ha tomado el camino más corto y desligado las primas de la TMR impidiendo que éstas suban en los próximos años al ritmo que previsiblemente lo hará el kilowatio vendido en el recibo eléctrico.
El problema -dice un 'lobby limpio' que se duele traicionado- es que no se han establecidos alternativas consensuadas en un entorno de honestidad legal, mientras se tira a la basura un sistema de primas muy valorado por el sector de renovables, en tanto lo considera el menos gravoso para el consumidor y el más atractivo para la inversión, sobre todo por ofrecer una seguridad jurídica a largo plazo.
En éstas, y coincidiendo con la dimisión del secretario de Energías que instigó el decreto, Antonio Segura, el sector de las energías limpias se ha dirigido por carta al ministro de Industria, José Montilla, exigiéndole la paralización del nuevo Decreto.
La carta, firmada por las tres asociaciones y fechada el pasado 26 de julio, es la siguiente:
Estimado Sr.:
Con motivo de las reuniones recientemente mantenidas por diversos representantes del sector de las energías renovables con el Secretario General de Energía a propósito del Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector energético, y de la inminente adopción de un nuevo marco regulatorio para dichas fuentes de energía, las asociaciones empresariales comparecientes sólo pueden expresarle su rechazo, su más hondo malestar y su más grave preocupación, tanto por el fondo como por las formas en que se está llevando a cabo el proceso.
El RD-L 7/2006 quiebra sustancialmente la regulación de las energías renovables establecida por la Ley del Sector Eléctrico (Ley 54/1997), que había contado con el consenso de todos los partidos políticos, y que era un modelo para el resto del mundo, no sólo por ser el más efectivo, sino también el más barato para los consumidores.
El RD-L 7/2006 suprime los parámetros objetivos que establecían retribuciones mínimas para las distintas energías renovables recogidos por dicha Ley. Estos mínimos eran la garantía de estabilidad, predictibilidad y perdurabilidad que han atraído la inversión al sector y que han convertido a España en un referente internacional en la materia, sobre todo en las tecnología eólica; asimismo, han permitido generar más de 200.000 puestos de trabajo sólo dentro de nuestras fronteras. Al eliminarlos y dejar la retribución en manos de la discreccionalidad, se ha desorientado a los inversores, y ya se ha constatado que proyectos que deberían haberse cerrado en las últimas semanas se han paralizado y que otros sen están anulando.
Esta situación, ya de por sí comprometida y desconcertante, se agrava aún más cuando se tiene conocimiento de que la prevista revisión del Real Decreto 436/2004 se está convirtiendo en el alumbramiento de un nuevo marco regulatorio -en el que ninguna de las asociaciones firmantes ha podido tomar parte antes de que vaya a ser hecho público a través de la CNE- cuyos criterios de retribución son manifiesta y objetivamente desalentadores para atender al desarrollo de los proyectos planificados de acuerdo con el Plan de las Energías Renovables 2005-2010 (PER), aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de agosto de 2005.
Esta forma de proceder provocaría una adversa reacción de los inversores y de las entidades financieras de muy difícil rectificación, que puede llevar a la desactivación del sector de las energías renovables y al incumplimiento de los objetivos de la planificación previstos en la Ley sectorial. Es preciso recordar que las empresas integrantes del sector están desembolsando los casi 25.000 millones de euros que exige el PER para su ejecución, y que la amortización de esa importante inversión precisa más de 10 años en un entorno regulatorio estable, predecible y suficiente.
En consecuencia con lo anterior, las asociaciones comparecientes, que representan al sector de las energías renovables en pleno, solicitan la inmediata paralización del proceso normativo en curso, y, en la línea que se ha seguido siempre en el pasado, expresan su mayor interés en que abra urgentemente un amplio debate con ellas para abordar las necesidades regulatorias existentes con el máximo rigor.
Le saludan muy cordialmente:
AEE (Fernando Ferrando Vitales) APPA (José María González Vélez) ASIF (Luis Torres)
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